Subtotal $ 0
Ante el incremento de los riesgos de seguridad registrados en los departamentos de Nariño y Cauca durante el contexto previo a las elecciones presidenciales de este año, la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco de su labor de observación electoral, mantiene un especial interés en el análisis de las condiciones que pueden afectar el ejercicio democrático. En este escenario, la situación de la población colombiana retornada adquiere especial relevancia, tanto desde la perspectiva de la transparencia e integridad del proceso electoral como desde la garantía y protección de sus derechos humanos y civiles.
Con el propósito de aportar un enfoque real sobre este contexto territorial, se llevó a cabo un conversatorio virtual con el fundador de la Asociación, quien actualmente reside en el departamento del Cauca, y con el Coordinador Regional de Nariño. Este espacio permitió compartir experiencias, identificar los principales desafíos que enfrentan las personas y exponer las preocupaciones de la población colombiana retornada frente a su participación en el proceso electoral.
Entre los temas abordados se destacó el papel de la población colombiana retornada en materia de seguridad y participación ciudadana, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer las garantías institucionales que permitan el ejercicio libre, seguro e informado del derecho al voto.
En este contexto, nuestra asociación manifestó su preocupación por las limitaciones operativas de la Defensoría del Pueblo para desplegar su acompañamiento en la totalidad del departamento de Nariño. De acuerdo con la información compartida durante el conversatorio, las restricciones presupuestales y de recursos impedirían que esta entidad pudiera hacer presencia en todos los municipios, pese a que su labor resulta fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos y el acompañamiento a la ciudadanía durante la jornada electoral.
Esta situación representa un desafío para la generación de confianza en el proceso democrático, ya que un amplio sector de la población requiere garantías efectivas de seguridad para acudir a los puestos de votación. Esta necesidad cobra especial importancia en territorios donde persisten riesgos asociados a la presencia de actores armados, hechos de violencia y vulneraciones recurrentes de los derechos humanos, circunstancias que pueden limitar o desincentivar el ejercicio libre de los derechos políticos de la ciudadanía.
Como asociación, consideramos de gran importancia la participación y el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dado que es un organismo internacional que promueve la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la seguridad humana mediante programas de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y acciones orientadas a la prevención y atención de diversas problemáticas que afectan a las comunidades.
La presencia de la OEA constituye una garantía adicional de transparencia, confianza y acompañamiento para las organizaciones de base comunitaria, especialmente en territorios con contextos complejos como el departamento de Nariño. Su observación y apoyo contribuyen a generar mayores condiciones de seguridad y confianza para que la población colombiana retornada, así como otros grupos en situación de vulnerabilidad, pueda ejercer plenamente su derecho a participar en los procesos electorales de manera libre, informada y sin temor a represalias o situaciones que pongan en riesgo su integridad.
En este contexto, desde ASODDHH buscamos consolidarnos como un puente de comunicación y articulación entre las comunidades y las instituciones nacionales e internacionales, con el propósito de visibilizar las realidades y los desafíos que enfrentan las poblaciones en los distintos territorios del país, especialmente aquellas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
En el departamento de Nariño esta situación resulta especialmente preocupante. A pesar de que existen más de 500 puestos de votación distribuidos en el territorio, la Defensoría del Pueblo únicamente contaría con capacidad para hacer presencia en 29 de ellos, debido a las limitaciones de recursos humanos, logísticos y presupuestales. Esta cobertura es claramente insuficiente para brindar acompañamiento y garantías en un departamento caracterizado por la dispersión geográfica, la persistencia del conflicto armado y los riesgos para la población civil.
Por ello, consideramos indispensable fortalecer la inversión y el acompañamiento tanto del Estado colombiano como de la comunidad internacional, con el fin de ampliar la capacidad institucional en los territorios y garantizar que todos los colombianos y colombianas puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad, confianza y plena protección de sus derechos fundamentales.
